Hoy, la legislación vigente reconoce que el Banco Central puede contribuir al desarrollo productivo y al trabajo. La reforma, tal como está planteada, elimina toda referencia al empleo, al desarrollo económico, a la estabilidad financiera y a la equidad social. El BCRA pasaría a tener una única misión institucional: preservar el valor de la moneda .
Por Agustín Escalante. Economista. UBA.
El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que impulsa el Poder Ejecutivo se presenta como una iniciativa técnica destinada a garantizar la estabilidad monetaria. Pero detrás de ese discurso neutral se esconde una decisión política que afecta de lleno a los trabajadores y trabajadoras argentinas. Porque la reforma no sólo redefine las funciones del Banco Central: redefine el lugar que ocuparán la producción, el empleo y la industria en la estrategia económica del país.
No se trata de un simple cambio de redacción. Es una definición política acerca del papel que el Estado debe desempeñar en la economía. El Banco Central deja de ser concebido como una institución al servicio del desarrollo nacional para convertirse en un organismo cuya única preocupación legítima es la estabilidad de los precios. En otras palabras, el trabajo queda afuera.
La reforma no se queda en la declaración de principios. Avanza un paso más y desmantela las herramientas mediante las cuales la autoridad monetaria podía contribuir a la transformación de la estructura productiva. Se suprimen las facultades para:
- Orientar el crédito hacia sectores estratégicos
- Implementar políticas crediticias diferenciadas
- Promover el financiamiento de pequeñas y medianas empresas
- Apoyar economías regionales y actividades con potencial de desarrollo nacional
El crédito, según la lógica del proyecto, deja de concebirse como un instrumento para impulsar el desarrollo y pasa a ser considerado un recurso cuya asignación debe quedar librada exclusivamente a la lógica del mercado .
La neutralidad que no existe
Los defensores de la reforma argumentan que se trata de garantizar la neutralidad en la asignación del crédito. Pero en una economía como la argentina, caracterizada por altos niveles de concentración del capital y acceso desigual al financiamiento, la supuesta neutralidad es una ficción.
Cuando el Estado se retira, los sectores dominantes ocupan ese lugar. La eliminación de la orientación pública del crédito consolida una selectividad en la que los sectores más consolidados, con mayor patrimonio y capacidad financiera, continúan captando una proporción creciente de los recursos disponibles. El que ya tiene plata, accede al crédito. El que necesita crecer para generar trabajo, queda afuera.
El proyecto oficial tiene una inconsistencia de fondo que no puede pasarse por alto. Por un lado, califica como “utilidades ficticias” las ganancias generadas por la valuación de las Letras Intransferibles que el Tesoro emitió en favor del BCRA. Pero por otro lado, el mismo proyecto incorpora un régimen transitorio que admite utilizar esos mismos resultados para cancelar las propias Letras, reconociéndoles así una capacidad patrimonial que hasta unas páginas antes les había negado.
Las mismas valuaciones que son calificadas como “ficticias” cuando financian al Tesoro recuperan plena eficacia económica cuando sirven para sanear el balance del Banco Central. La contradicción revela que el debate no es técnico: es político.
¿Qué modelo de país?
La reforma de la Carta Orgánica del BCRA no es sólo una modificación del régimen monetario. Es una definición sobre qué tipo de país se quiere construir. Bajo el argumento de alcanzar una mayor estabilidad monetaria, la iniciativa abandona toda pretensión de orientar el crédito hacia sectores que generan trabajo de calidad .
En una economía atravesada por profundas desigualdades productivas, restricción externa y concentración económica, renunciar a estas herramientas implica debilitar las posibilidades de construir una matriz productiva más diversificada, con mayor contenido tecnológico y capacidad para generar empleo registrado.
La industria manufacturera, las pequeñas y medianas empresas y las economías regionales no sólo pierden un conjunto de instrumentos financieros: pierden parte de una estrategia institucional que reconocía al desarrollo y al trabajo como objetivos legítimos de la política económica.
Ningún país se industrializó dejando el desarrollo librado a la inercia del mercado . La historia económica argentina está llena de ciclos que terminan en crisis por la misma razón: abandonamos la producción, confiamos en el mercado y el mercado nos devuelve más desigualdad.
La verdadera discusión que plantea esta reforma excede el funcionamiento del Banco Central. Lo que está en debate es si el crédito puede convertirse en una herramienta para transformar la estructura productiva, fortalecer el trabajo y ampliar las capacidades nacionales, o si el Estado renuncia a intervenir y acepta que sean las desigualdades acumuladas del mercado las que definan el rumbo de la producción, la industria y el futuro de millones de trabajadores argentinos.
Si el Estado abandona la producción, el crédito y la industria: ¿quién va a defender el trabajo argentino?
