La caída del empleo registrado, la reforma laboral regresiva, la disparada de la brecha salarial y el desmantelamiento de programas de género muestran que el ajuste tiene rostro de mujer y de diversidad. Desde el movimiento sindical, la respuesta exige paritarias con perspectiva de género, defensa de las políticas públicas y presupuesto real para cuidados, vivienda y salud.
A casi dos años del inicio del gobierno de Javier Milei, los estudios económicos y los observatorios de género coinciden en una conclusión: el modelo de ajuste fiscal, desregulación y flexibilización laboral no es neutral. Las mujeres y las diversidades trabajadoras —especialmente personas travestis, trans y no binaries— cargan con una parte desproporcionada del costo social. No se trata solo de recortes: hay programas discontinuados, partidas subejecutadas y una institucionalidad de género fragmentada que deja a las trabajadoras sin herramientas de protección.
Empleo: menos puestos formales y más precariedad
El primer impacto se observa en el mercado de trabajo. Según relevamientos de CEPA y CIFRA-CTA, entre diciembre de 2023 y los primeros dos años de gestión se perdieron más de 327.000 empleos registrados y cerraron más de 22.000 empresas. La destrucción del entramado productivo formal golpea con más fuerza a quienes ya estaban en situación de informalidad, subocupación o desempleo: las mujeres y las diversidades.
El dato es contundente: en el tercer trimestre de 2025, el desempleo entre mujeres jóvenes de 14 a 29 años alcanzó el 12,7%, frente al 11,7% de los varones, según el INDEC. A ello se suma la reforma laboral regresiva, que flexibiliza la contratación, modifica indemnizaciones y pone en discusión derechos adquiridos como licencias por maternidad y reintegros por cuidado infantil. Los sectores más feminizados —servicio doméstico, cuidados, salud, educación— son los más expuestos.
Para las personas travestis, trans y no binaries, el retroceso es doble. La Ley de Cupo Laboral Trans no se está cumpliendo y, según relevamientos de ATE, se despidió a 93 personas travestis, trans y no binaries de la administración pública, un 10% del cupo total alcanzado. Un informe del mismo gremio registró 150 despidos en el sector entre febrero y julio de 2024. La exclusión del empleo público no solo quita ingresos: destruye trayectorias laborales y borra referencias institucionales.
Salarios: la brecha se agranda
La brecha salarial de género no se reduce: se dispara. De acuerdo con la Universidad Nacional de Rosario, pasó del 21% en 2023 al 27% en 2024 y trepó al 29% en 2025. El INDEC reporta una diferencia promedio del 26% para 2025. El deterioro se explica por el congelamiento de salarios en sectores feminizados como Salud y Educación, los despidos en el Estado y, sobre todo, por la recarga de las tareas de cuidado no remuneradas.
La mitad de las mujeres con hijes menores de tres años queda fuera del mercado de trabajo. Sin políticas de cuidado, sin jardines, sin licencias equitativas y sin paritarias que reconozcan esa carga, la brecha salarial es también una brecha de tiempo y de oportunidades.
Vivienda y alquiler: desregulación y violencia económica
El DNU 70/2023 derogó la Ley de Alquileres (27.551) y eliminó plazos mínimos de contrato y regulaciones sobre los índices de actualización. Según el Observatorio de Vivienda y organizaciones de inquilinos, cerca de 3 millones de hogares inquilinos quedaron expuestos a negociaciones asimétricas con inmobiliarias y propietarios.
Las jefas de hogar y las personas de la diversidad sexual son las más afectadas. Muchas mujeres y personas LGTB+ se endeudan para cubrir alimentos y alquiler. La comunidad travesti y trans sufre sobrecostos de hasta el doble o triple en alquileres, abusos en hoteles e inquilinatos y desalojos violentos. Para mujeres con hijes, lesbianas, travestis y trans, la falta de vivienda se traduce en formas directas de violencia de género.
Salud: recortes y derechos en riesgo
El presupuesto en Salud se recortó en un 40% desde diciembre de 2023. Se paralizó la entrega de medicamentos, se redujo la distribución de vacunas e insumos y se desfinanciaron programas nacionales y el PAMI. Más de 742.000 personas perdieron su cobertura de salud, según informes de la CTA.
El impacto sobre la salud sexual y reproductiva es grave. El gobierno desfinanció la ley de aborto: el derecho queda garantizado solo para quienes tienen obras sociales o prepagas robustas. Las denuncias por barreras en el acceso al aborto legal se triplicaron en 2025. Además, se registró un aumento del 37% en la mortalidad materna y un 71% de incremento en casos de sífilis en mujeres embarazadas, según informes epidemiológicos y de organizaciones de salud.
Políticas discontinuadas y partidas subejecutadas
El desmantelamiento de la institucionalidad de género es parte central del modelo. El Ministerio de las Mujeres fue eliminado a fines de 2023 y sus funciones se dispersaron entre Capital Humano y Justicia. La CEDAW advirtió que esto generó fragmentación de responsabilidades y reducción de la capacidad técnica. En 2025, el Ministerio de Justicia eliminó la mayoría de los programas de género que habían sobrevivido.
La inversión en ocho programas de género analizados cayó un 94,8% real entre 2023 y 2025, según análisis presupuestarios de Fundar y ELA. La Línea 144 de atención a víctimas de violencia sufrió un recorte del 97,7% real; el Programa Acompañar cayó un 99% real. Amnistía Internacional denuncia que el presupuesto para prevención y atención de la violencia de género se redujo un 89% desde 2023 y que se eliminaron 13 programas clave. No se trata solo de recortes: hay partidas asignadas que se ejecutan por debajo de lo previsto, es decir, subejecución presupuestaria que deja a las políticas sin capacidad real de funcionamiento.
La respuesta sindical
Desde el movimiento sindical, la agenda es clara: paritarias con perspectiva de género, reconocimiento y redistribución de las tareas de cuidado, cumplimiento efectivo del cupo laboral trans, defensa de los programas de prevención de violencias y presupuesto real para salud, vivienda y educación. El ajuste no es neutral: tiene rostro de mujer y de diversidad. Frente a eso, la organización colectiva sigue siendo la herramienta.
Fuentes consultadas: INDEC (EPH, tercer trimestre 2025); Universidad Nacional de Rosario (informe de brecha salarial 2025); CEPA y CIFRA-CTA (informes de empleo y género); ATE (relevamiento de despidos travestis, trans y no binaries, 2024); Amnistía Internacional Argentina (informe sobre presupuesto y violencia de género, 2025); CEDAW (observaciones sobre la eliminación del Ministerio de las Mujeres); Fundar y ELA (análisis presupuestario de programas de género y salud); Observatorio de Vivienda y organizaciones LGTB+ (informes sobre alquileres y DNU 70/2023); informes epidemiológicos y de organizaciones de salud.
