Un informe de la Universidad de Buenos Aires revela que, mientras el RIGI concentra beneficios para grandes capitales, el mercado laboral argentino muestra una caída histórica del empleo asalariado registrado y un salto en la informalidad y la subocupación.
La ecuación parecía sencilla: reducir los costos y riesgos para los empleadores, y el empleo formal crecería. Sin embargo, a dos años de la implementación de la Ley Bases y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), los datos del mercado laboral argentino dibujan un panorama muy distinto al prometido por el oficialismo.
Así lo refleja el informe “Promesas vs Realidad: inversiones para muy poco, precarización para el trabajo”, elaborado por Agustín Escalante, estudiante de la Licenciatura en Economía de la UBA. El trabajo advierte que la estrategia económica, lejos de generar una expansión del empleo de calidad, está profundizando las asimetrías de una estructura productiva ya de por sí heterogénea.
El derrumbe del empleo registrado
Según los registros de la Secretaría de Trabajo, entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 se perdieron 216.321 puestos asalariados privados registrados, lo que representa una caída del 3,4%. En simultáneo, la cantidad de monotributistas creció en 165.542 personas (un 8%), evidenciando un desplazamiento hacia modalidades de trabajo independiente con menores derechos y estabilidad.
La degradación no se detiene ahí. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) reporta una contracción aún más amplia: 411.613 trabajadores cubiertos menos y una baja de 30.633 empleadores asegurados entre noviembre de 2023 y mayo de 2026.
“Este resultado no puede analizarse separadamente de la estructura productiva”, sostiene Escalante en el informe. “Para una gran empresa exportadora, la reducción de costos puede reforzar su rentabilidad. Para una pyme industrial, contratar más barato no compensa la caída de ventas, la apreciación cambiaria o la competencia importada”.
El espejismo de la inversión concentrada
Mientras el RIGI ofrece estabilidad tributaria, cambiaria y aduanera por 30 años a sectores como minería, petróleo y energía, el resto de la economía parece desangrarse. Los datos sectoriales son elocuentes: entre 2023 y 2026, la industria manufacturera perdió 97.312 trabajadores; la construcción, 80.399; y transporte y almacenamiento, 72.480. En contraste, el sector de minas y canteras sumó apenas 3.604 puestos.
La crítica central del informe apunta a la desconexión entre los sectores dinámicos y el entramado productivo local. “El RIGI corre el riesgo de adaptar la economía nacional a las necesidades de los proyectos beneficiados”, advierte. “El Estado no se retiró de la economía, cambió de destinatario. Para las grandes corporaciones, exenciones y estabilidad; para la industria nacional, pymes y trabajadores, apertura importadora y flexibilización laboral”.
El costo de la paradoja
El informe concluye que la estabilidad de la tasa de desocupación (7,8%) no debe leerse como un éxito, sino como una transformación regresiva. La gente sigue “ocupada” estadísticamente, pero lo hace mediante trabajos informales, monotributo o subocupación (más de 1,6 millones de personas trabajan menos de 35 horas semanales y buscan más).
“El crecimiento no puede medirse por la rentabilidad privada o los dólares comprometidos”, sentencia el documento. “Si las inversiones no generan encadenamientos y la modernización se financia con pérdida de derechos, no estamos ante crecimiento, sino ante una economía deliberadamente desequilibrada a favor de los sectores más dinámicos”.
Fuente: Informe “Promesas vs Realidad” – Agustín Escalante (UBA) | 21/08/2026
