Un fantasma recorre Europa, el fantasma de los trabajadores organizados

En Francia, Italia, Alemania, Grecia, el Reino Unido y España, los trabajadores vuelven a ocupar la calle. No existe una conducción única ni una huelga continental coordinada. Sí existe, en cambio, una escena que se repite: cuando el salario pierde frente a los precios, cuando el ajuste amenaza las plantillas y cuando la reconversión productiva se descarga sobre quienes trabajan, la organización sindical transforma el malestar disperso en fuerza colectiva. El fantasma que recorre Europa no es el de una insurrección abstracta. Es el de los trabajadores organizados que vuelven a preguntar quién decide sobre el presupuesto, la energía, la industria, la vivienda y los servicios públicos; y quién paga el costo de las crisis. Esa pregunta, que para el pensamiento nacional y popular argentino es inseparable de la justicia social y de la soberanía, reaparece con distintos acentos en cada conflicto.

Francia: el ajuste encuentra un límite en la calle

La secuencia francesa es la más amplia. El 15 de septiembre, trabajadores de la electricidad y el gas realizaron una huelga de 24 horas contra la posible reducción del tarif agent, un beneficio integrado a su estatuto laboral. Reuters informó que la acción redujo la producción de varios reactores y la capacidad de expedición del terminal de gas natural licuado de Dunkerque, aunque no puso en riesgo el abastecimiento nacional. El 29 de septiembre, ocho grandes organizaciones de la función pública —entre ellas CGT, FSU, Force Ouvrière, CFDT, UNSA y Solidaires— llamaron a parar contra un proyecto presupuestario que incluía un programa de ahorro de 54.000 millones de euros y el congelamiento del salario base de los funcionarios. La convocatoria reunió a docentes, personal sanitario, bomberos, trabajadores territoriales y agentes de distintas administraciones. Las estimaciones de participación fueron divergentes: más de 300.000 personas según la CGT y 206.000 según el Ministerio del Interior.

A esa protesta se sumaron bloqueos y movilizaciones estudiantiles por aulas saturadas, falta de docentes y edificios deteriorados. El 17 de octubre, la protesta se amplió a sindicatos, estudiantes, agricultores, jubilados y chalecos amarillos, con demandas contra el costo de vida, el precio del combustible, la desigualdad y el deterioro de los servicios públicos. La mayoría de las marchas fue pacífica, pero hubo saqueos, incendios, enfrentamientos y denuncias de violencia policial. Es importante separar esos episodios de la acción sindical mayoritaria: no toda violencia callejera puede atribuirse a los huelguistas ni a las organizaciones convocantes.

Italia: salario, paz y defensa de la industria

Italia ofrece dos planos de conflicto. En mayo, la USB convocó una huelga general de 24 horas contra el deterioro del poder adquisitivo, el trabajo inseguro, el aumento del gasto militar y el apoyo del Gobierno italiano a Israel. La movilización enlazó reivindicaciones laborales con la solidaridad con Palestina y con el reclamo de que los recursos públicos se orienten a salarios, pensiones, salud, vivienda y educación. El 29 de mayo, CUB, SGB, SI Cobas y USI impulsaron otra huelga nacional, con afectación del transporte ferroviario y manifestaciones en distintas ciudades. No se trató de una única plataforma sindical europea, sino de una confluencia italiana entre sindicatos de base, organizaciones propalestinas y colectivos políticos.

En octubre, el conflicto de la ex-Ilva de Taranto mostró la dimensión industrial y territorial de la crisis. Trabajadores siderúrgicos realizaron huelgas y bloquearon rutas cercanas a una refinería de Eni ante el riesgo de cierre del área caliente y de una utilización masiva de la cassa integrazione. La protesta fue suspendida provisoriamente luego de que el Gobierno aceptara nuevas conversaciones, pero Reuters señaló que no había una solución definitiva. La cuestión de fondo es clara: sin producción, empleo y decisión nacional sobre la industria, la transición económica se convierte en ajuste sobre los trabajadores.

Alemania: la industria no quiere pagar sola la reconversión

En Alemania, ver.di paralizó el 2 de febrero el transporte municipal en una huelga nacional de advertencia que afectó autobuses y tranvías de numerosas ciudades. El reclamo incluyó jornadas más cortas, pausas, remuneración por trabajo nocturno y de fin de semana, y rechazo a que las restricciones presupuestarias municipales se descarguen sobre las plantillas.

En septiembre, IG Metall llevó la disputa a la industria automotriz. Cerca de 175.000 trabajadores participaron, según el sindicato, en unos 280 actos contra cierres, despidos y recortes. La organización reclamó inversión, continuidad productiva, negociación colectiva y una transición tecnológica que no destruya empleos. En paralelo, Reuters informó que IG Metall pedía un aumento salarial del 5% para 3,7 millones de trabajadores de los sectores metalúrgico y electrónico.

La dimensión internacional es explícita: la industria alemana está atravesada por la competencia china, los aranceles, los costos energéticos y las cadenas de proveedores. La solidaridad llegó desde trabajadores de Alabama, Serbia e India. El conflicto no es sólo alemán: es la disputa global por quién controla la transformación tecnológica y quién se queda con sus costos.

Grecia: la memoria de la austeridad sigue organizada

Grecia volvió a mostrar la persistencia de una herida que no cerró con el final formal de los rescates. GSEE y ADEDY convocaron una huelga general el 1 de mayo, con interrupciones en ferries, trenes y buena parte del transporte público de Atenas. El 13 de mayo, ADEDY llamó a una nueva huelga del funcionariado por salarios, contrataciones y defensa de la salud, la educación y la seguridad social. En junio, trabajadores de la alimentación y el turismo pararon contra la intensificación laboral, el trabajo no declarado y el incumplimiento de convenios.

Las demandas combinan aumento real de salarios, recuperación de la negociación colectiva, restitución de pagas del sector público, contratación permanente y defensa de la jornada de ocho horas. La experiencia de la austeridad aparece como memoria concreta: cuando las reglas fiscales y la deuda se imponen sobre la vida cotidiana, la democracia económica queda reducida a administrar la escasez.

Reino Unido: conflictos sectoriales, misma pérdida de poder

El Reino Unido muestra conflictos menos unificados, pero ligados por el mismo problema distributivo. Los médicos residentes de Inglaterra realizaron en abril una huelga de seis días por la erosión salarial, la falta de plazas de formación y la presión sobre el sistema público de salud. En junio, una votación aprobó una oferta gubernamental y puso fin a la serie de paros, aunque la BMA advirtió que la implementación sería decisiva.

En las universidades, UCU inició huelgas de cinco semanas en Edimburgo y Dundee, y acciones en Nottingham, contra recortes, despidos y cierre de carreras. La Universidad de Edimburgo había anunciado un plan de ahorro de 140 millones de libras. En el Mar del Norte, trabajadores de Apache organizados por Unite votaron paros por una oferta salarial que consideraban un recorte real. La acción podía afectar el sistema petrolero Forties, aunque al 19 de octubre el impacto energético todavía era una advertencia y no un hecho consumado.

La lección británica es conocida para cualquier trabajador argentino: la crisis de un servicio público no se resuelve recortando a sus trabajadores. La organización gremial puede negociar salarios, pero también defiende la existencia misma de la salud, la educación y la energía como bienes de la comunidad.

España: vivienda, salario y negociación colectiva

España llega al cierre de este relevamiento con una huelga general de 24 horas convocada por CCOO y UGT para el 11 de noviembre, con respaldo del Sindicato de Inquilinas y de organizaciones territoriales. La plataforma reúne aumento salarial, reducción de la jornada, salud laboral, fin de la precariedad, control de precios y vivienda digna. Como la medida aún no ocurrió al momento de esta nota, no corresponde anticipar su seguimiento ni sus consecuencias.

La conflictividad, sin embargo, ya creció: El País, sobre la base de datos del Ministerio de Trabajo, registró entre enero y agosto 1.366.400 jornadas perdidas y 579.000 participantes en huelgas, frente a 382.700 jornadas y 167.300 participantes en igual período de 2025. En Airbus, una huelga por salarios y condiciones de trabajo terminó provisionalmente con un acuerdo aprobado por la plantilla el 1 de octubre. En Iberdrola, más de 9.000 trabajadores fueron convocados a parar por el estancamiento del convenio y la pérdida de poder adquisitivo. La vivienda aparece aquí como una cuestión laboral. No alcanza con discutir el salario nominal si el alquiler absorbe la mayor parte del ingreso. En esa articulación entre sindicato, inquilinos y territorio hay una clave política: el trabajador no vive únicamente en la fábrica u oficina; también disputa el derecho a habitar, trasladarse y cuidar.

Un hilo común: organización, soberanía y comunidad

El relevamiento permite reconocer seis tendencias.
1.El salario real vuelve a ser el centro. Alimentos, alquileres, energía y combustibles erosionan ingresos y empujan a reclamar aumentos que no sean sólo nominales.
2.La defensa del servicio público se vuelve defensa del trabajo. Escuelas, hospitales, transporte, universidades y administraciones no funcionan sin plantillas suficientes y condiciones dignas.
3.La reconversión industrial es una disputa de poder. Automoción, siderurgia, energía y aeroespacio muestran que la transición tecnológica puede ser soberana o puede convertirse en una cadena de cierres y deslocalizaciones.
4.La jornada y el tiempo de vida entran en la negociación. Las protestas rechazan turnos extendidos, intensificación y pérdida de descansos, y reclaman que el progreso técnico libere tiempo en lugar de degradar el empleo.
5.Las alianzas se amplían. Estudiantes, jubilados, agricultores, inquilinos, organizaciones propalestinas y movimientos territoriales aparecen junto a los sindicatos. Eso ensancha el conflicto, aunque no permite hablar de una coordinación europea única.
6.La internacionalización es real, pero desigual. Hay cadenas industriales compartidas, flujos energéticos y solidaridades entre trabajadores de distintos países. En cambio, las guerras, el rearme, la migración o las reglas fiscales de la Unión Europea aparecen muchas veces como interpretaciones de las organizaciones, no como causas únicas demostradas.

La mirada argentina

Para el peronismo, el trabajo organizado no es un obstáculo externo a la democracia: es una de sus formas sociales concretas. La comunidad organizada supone que quienes producen deben tener voz en las decisiones que ordenan la producción, el ingreso y la vida colectiva. Por eso la experiencia europea interpela a la Argentina sin necesidad de copiar consignas ni importar conflictos. La comparación posible está en los problemas: salario real, vivienda, servicios públicos, industria, energía y negociación colectiva. También en una definición de soberanía: no hay independencia política si la economía se decide siempre fuera del alcance de los trabajadores y de la comunidad nacional.

Pero el balance exige responsabilidad. El fantasma que recorre Europa es, entonces, la posibilidad de que el trabajo vuelva a constituirse en sujeto político. No anuncia una revolución automática. Anuncia algo más concreto y más incómodo para quienes gobiernan desde el ajuste: que allí donde hay trabajadores organizados, la sociedad puede volver a discutir para quién se produce, cómo se distribuye y qué futuro merece la comunidad.