Por María Luz Casimiro
En el marco de las políticas desregulatorias de la “Ley Bases”, el gobierno nacional publicó la Resolución 1/2025 que entró en vigencia a partir del 1° de abril y que habilita la derivación directa de los aportes y contribuciones de los trabajadores hacia las empresas de medicina prepaga, lo que supone un problema para la recaudación de las obras sociales sindicales con pocos afiliados que los gestionaban.
Hasta ahora, al tramitar el alta en un empleo formal, a los trabajadores en relación de dependencia, el personal de casas particulares y los monotributistas, se les asignaba una obra social que podía ser de su preferencia o no y el empleador derivaba los aportes al agente de recaudación. Ese fondo es administrado por la Superintendencia de Servicios de Salud que distribuye las cápitas a las obras sociales en función de la cantidad de afiliados que tengan y no de las prácticas que realicen.
Las empresas de medicina prepaga suelen tener convenios con obras sociales sindicales y a través de sus aportes reciben esos fondos. A partir de la incorporación de la Resolución 1/2025 y con la supuesta iniciativa de perseguir una gestión más eficiente del sistema que fomenté la libre competencia, el gobierno busca eliminar la triangulación entre las obras sociales y las prepagas posibilitando que los aportes descontados por recibo de sueldo sean derivados directamente a estas últimas.
Los actores interesados deberán inscribirse en el Registro Nacional de Agentes del Seguro (R.N.A.S.) y tendrán que contribuir con un aporte uniforme del 15% al Fondo Solidario de Redistribución para todos los agentes del sistema de salud. A su vez, el Estado se hará cargo del costo de las prestaciones de alta complejidad a través de la Administración de Programas Especiales, esto también beneficia a los privados de manera indirecta ya que captan los aportes de la población más jóven y si tienen que acceder a tratamientos costosos el estado los compensa.
Por otra parte, los beneficiarios adheridos a una prepaga con fondos provenientes de la seguridad social, pueden destinar el aporte total a la entidad de la que sean socios o pueden elegir permanecer en la obra social sindical que les haya sido asignada gestionando vía TAD (trámites a distancia) la “Voluntad de permanencia”.
Esta maniobra no es ninguna novedad, los gobiernos neoliberales han intentado socavar la fuerza de los sindicatos por distintos medios, quitarle los fondos es tan sólo uno de ellos. A mediados de la década de los noventa, a través de la Resolución N° 195/98, las obras sociales sindicales pudieron ofrecer planes complementarios al PMO (plan médico obligatorio). Esto permitió que se establecieran acuerdos con las empresas de medicina prepaga para que puedan implementar la oferta de estos planes superadores, gracias a lo cual pudieron aumentar exponencialmente su base de clientes.
El sistema de obras sociales en Argentina surgió informalmente en la primera mitad del siglo XX como expresión de solidaridad entre trabajadores para garantizar el acceso a la salud, en un contexto donde la atención era para unos pocos que podían pagarla, comenzaron a surgir como una contra respuesta las mutuales sindicales. En el sector público predominaba un modelo asistencialista e higienicista.
No fue sino hasta las décadas de 1940 y 1950, con el auge del sindicalismo peronista, que se fortaleció el rol de los gremios en la provisión de servicios de salud. Sin embargo y curiosamente fue durante el gobierno de Onganía, en 1968, que se formalizó el sistema de salud de las obras sociales sindicales mediante la ley 18.610/70 que las estructuró por rama de actividad y que estableció su mecanismo de financiamiento obligatorio.
Ya a partir de los años 60 y 70, comenzaron a emerger empresas de medicina prepaga como alternativa, fenómeno que se profundizó en los años 90 con las políticas neoliberales, la desregulación y la privatización del sistema de salud. Finalmente, el Decreto 9/93 otorgó a los trabajadores la libertad de elegir su obra social, abriendo la puerta para que las prepagas captaran aportes del sistema formal a través de convenios.
El fin último del desfinanciamiento de las obras sociales sindicales no es la libre competencia entre privados o la regulación competitiva de precios, la finalidad es atacar al sindicato como organización de base. No sólo que las prepagas no bajaron las cuotas, sino que nunca fue la razón primordial como sí lo es la persecución de la pérdida de poder de negociación de los gremios y la fragmentación del movimiento sindical argentino.
No ha de sorprendernos, el propio ministro de Desregulación y Transformación cuando todavía era asesor presidencial, expresó abiertamente en una conferencia para la Universidad de Harvard que para ganar la pelea, para dar la batalla cultural, era necesario empobrecer a los grupos de interés con especial énfasis en los sindicatos. Por eso, creer que la implementación de esta normativa tiene algo que ver con la libre competencia o con mejorar la seguridad social es una trampa que pone en riesgo al sistema solidario de salud, a la población más vulnerable y al ya saturado sistema público porque es donde se van a recibir las demandas de las personas que no logren una cobertura efectiva.
