La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a actualizar salarios docentes y nodocentes, y a recomponer las becas estudiantiles. El fallo desmonta uno por uno los argumentos del Gobierno Nacional y deja firme la orden de cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Desde el gremio universitario celebran el triunfo y advierten que “la lucha sirve”.
En una contundente resolución, la Cámara Contencioso Administrativo Federal dio la razón al sector universitario y confirmó que el Gobierno Nacional debe ejecutar de manera inmediata la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. El fallo, emitido por la Sala III integrada por los Dres. Sergio Gustavo Fernández y Jorge Eduardo Morán, ratifica la medida cautelar dictada en diciembre de 2025 por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11.
La decisión judicial implica que el Poder Ejecutivo ya no puede eludir su obligación de actualizar los salarios de trabajadores docentes y nodocentes, así como recomponer las becas estudiantiles, tal como lo dispuso el Congreso de la Nación con el voto de más de dos tercios de ambas Cámaras, insistiendo contra el veto presidencial.
La maniobra del Ejecutivo y la respuesta de la Justicia
El conflicto se remonta a la sanción de la Ley 27.795, que fue vetada por el presidente mediante el Decreto 647/25. El Congreso insistió con los dos tercios necesarios según el artículo 83 de la Constitución Nacional, obligando al Poder Ejecutivo a promulgar la ley. Sin embargo, el gobierno la promulgó con una cláusula tramposa: mediante el Decreto 759/25, invocó el artículo 5 de la Ley 24.629 (Ley de Administración Financiera) para suspender su ejecución. “La promulgó para no cumplirla”, denunciaron desde el sector sindical.
Ante esta situación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y 51 universidades nacionales interpusieron un amparo colectivo. La Justicia hizo lugar al reclamo y ahora, en segunda instancia, ratificó la orden de cumplimiento inmediato de los artículos clave de la ley.
Los cinco puntos clave del fallo: cómo la Cámara desmontó la defensa del Gobierno
El tribunal no solo confirmó la cautelar, sino que rechazó de manera categórica cada uno de los argumentos esgrimidos por el Poder Ejecutivo para justificar su incumplimiento:
- La suspensión de la ley por la Ley 24.629: El Gobierno argumentó que la Ley de Administración Financiera le permitía suspender los efectos de la nueva norma. La Cámara fue contundente: una ley posterior (la 27.795) puede derogar o excepcionar a una ley anterior. El Tribunal citó jurisprudencia de la Corte Suprema para recordar que la Ley de Administración Financiera no tiene jerarquía superior al resto de las leyes del Congreso.
- “No hay perjuicio irreparable”: La defensa oficial intentó minimizar el impacto de la falta de pago. Sin embargo, la Cámara señaló que el deterioro salarial del sistema universitario es un hecho público y reconocido por el propio gobierno, y que el daño tiene “carácter alimentario”, lo que lo vuelve irreparable.
- “La cautelar afecta el interés público”: El gobierno planteó un supuesto perjuicio fiscal. La Cámara replicó con datos concretos de la Oficina de Presupuesto del Congreso: el impacto de la ley representa apenas el 0,23% del PBI. Frente a este “ahorro insignificante”, el tribunal priorizó la “vulneración del derecho constitucional a enseñar y aprender”.
- “Es una sentencia definitiva encubierta”: El Ejecutivo intentó argumentar que la medida cautelar adelantaba un fallo de fondo. La Cámara calificó esta postura como “poco seria”, ya que la acción principal demanda la inconstitucionalidad del decreto y el cumplimiento pleno de la ley, mientras que la cautelar solo ordena ejecutar los artículos vinculados a salarios y becas.
- La recusación de los jueces: En una maniobra paralela, el gobierno intentó recusar a los jueces argumentando que eran docentes universitarios. La Cámara ratificó que este planteo ya estaba precluido (fuera de término), que los recursos extraordinarios fueron denegados y que la presentación de una queja ante la Corte Suprema no suspende el proceso.
¿Qué viene ahora?
Con la cautelar firme en segunda instancia, la orden de pago es ineludible. El Gobierno nacional aún podría intentar llevar la resolución ante la Corte Suprema a través de un recurso extraordinario. Sin embargo, el estándar para revocar una medida cautelar confirmada en Cámara es extremadamente alto. La propia Corte Suprema ha establecido en reiteradas jurisprudencias que este tipo de medidas no constituyen una sentencia definitiva, ya que se encuentra pendiente la cuestión de fondo (el amparo colectivo).
Mientras tanto, el juicio de fondo continúa su curso, pero la batalla más urgente —la del salario y las becas— está judicialmente ganada.
Un triunfo que reivindica la organización gremial
Desde el sector sindical universitario, celebran el fallo como un logro de la lucha colectiva. La resolución no solo despeja el camino para exigir formalmente el cumplimiento de la ley, sino que reivindica la legitimidad del reclamo.
“Saludamos la contundente decisión judicial que nos habilita a exigir formalmente el cumplimiento de la Ley en lo que respecta a la constitución de las paritarias y la recomposición salarial digna. LUCHAR SIRVE, SIEMPRE!”, expresaron desde CODIUNE.
El fallo representa un espaldarazo al sistema universitario público y un mensaje claro al Poder Ejecutivo: por más maniobras administrativas o decretos de por medio, la ley votada por el Congreso debe ser cumplida.
