Un estudio de la UNSAM desmenuza el proyecto y sostiene que no creará empleo, sino que empeorará salarios, debilitará sindicatos y costeará despidos con fondos públicos.
Un análisis académico detallado del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno Nacional concluye que la iniciativa no logrará crear empleo formal, sino que generará una “regresión” que agravará la desigualdad, deteriorará aún más los salarios, debilitará financiera y organizativamente a los sindicatos, y transferirá unos 2.500 millones de dólares anuales del Estado al sector privado para financiar despidos.
El documento “Una reforma de regresión laboral”, elaborado por investigadores del Centro de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo (CETyD) de la Escuela IDAES de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), desarma los argumentos oficiales y enumrada diez puntos críticos que, a su juicio, convertirían la reforma en un “retroceso” para los derechos de los trabajadores.
Un Estado que financia despidos y sindicatos ahogados
Uno de los mecanismos más cuestionados es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con una reducción del 3% en las contribuciones patronales al SIPA. Según el estudio, esto significa que el Estado dejará de recaudar ese monto –equivalente a unos 2.500 millones de dólares anuales, o “500 mil jubilaciones mínimas”– para que las empresas usen esos recursos en indemnizaciones por despido. “El Estado deja de percibir recursos y se los cede a las empresas para que solventen las desvinculaciones”, afirma el informe.
Paralelamente, el proyecto “busca ahogar financieramente a los sindicatos”, según los autores. Esto se lograría al permitir que las empresas dejen de retener las cuotas sindicales, dificultando la afiliación, y al establecer fecha de vencimiento para las “cuotas solidarias” que aportan los no afiliados. Además, se reduce el porcentaje de aportes a las obras sociales.
Menos derecho a huelga, salarios por debajo de la pobreza y “fraude legalizado”
El informe alerta sobre una restricción masiva del derecho a huelga. Al ampliar la definición de servicios “esenciales” y de “importancia trascendental”, el número de trabajadores privados con este derecho limitado pasaría de 470.000 a 2,9 millones, es decir, del 7% al 43% del total.
Los investigadores destacan que los salarios básicos de las categorías más bajas de los convenios colectivos ya están por debajo de la línea de pobreza. La reforma, al priorizar los acuerdos de empresa por sobre los sectoriales, permitiría fijar salarios aún menores, “perforando los pisos” ya deteriorados.
Otro punto crítico es la “legalización del fraude laboral”. El proyecto invertiría la presunción actual, haciendo que relaciones encubiertas bajo monotributo o locación de servicios se consideren civiles, no laborales, “aunque se trate objetivamente de relaciones de trabajo”.
Plataformas, teletrabajo y más flexibilidad para el empleador
El análisis señala que el texto “excluye” a los trabajadores de plataformas digitales de la Ley de Contrato de Trabajo, sin otorgarles derechos como aportes jubilatorios o vacaciones pagas. También se deroga la ley de teletrabajo, que reconocía gastos y el derecho a la desconexión.
Se amplían las facultades del empleador para organizar los tiempos de trabajo, habilitando la extensión unilateral de la jornada, el banco de horas y el fraccionamiento de vacaciones. Asimismo, se limita el principio de “norma más favorable al trabajador” y se elimina la “justicia social” como doctrina para interpretar la ley.
Fundamentos “débiles” y una alternativa posible
El estudio dedica un capítulo a rebatir los fundamentos del proyecto. Cita investigaciones internacionales, incluyendo algunas del FMI, que indican que las reformas flexibilizadoras no generan empleo sostenible, pero sí aumentan la desigualdad. Recuerda que el período de mayor creación de empleo en Argentina (2002-2007) coincidió con el fortalecimiento de la protección laboral, como la doble indemnización.
Los autores, entre los que se encuentra el exministro de Trabajo Carlos Tomada, concluyen que “ningún elemento” del proyecto ayudará a crear o formalizar empleo. En su lugar, proponen que la discusión parlamentaria sirva para explorar “otra reforma laboral posible”, centrada en la generación de empleo de calidad, el fortalecimiento de la negociación colectiva, la protección del trabajador y la regulación de las plataformas desde el reconocimiento de la relación de dependencia.
Fuente: “Una reforma de regresión laboral” del CETyD (EIDAES-UNSAM), con autoría de Matías Maito, Juan Manuel Ottaviano, Carlos Tomada, Lilia Alonso y Julián Hofele.
