La Quinta Marcha Federal Universitaria fue narrada en redes y medios. Realizamos una revisión de publicaciones de Clarín, La Nación, Radio Mitre, Cadena 3, TN, LN+, A24, América TV, Página/12, El Destape y El Grito del Sur, junto con posteos en X e Instagram para ver el mdo en que dieron cuenta de ella o intentaron interpretarla.
En los días previos a la marcha, el reclamo en torno de la Ley de Financiamiento Universitario fue criticada por “política”. La Nación la ubicó dentro de un frente opositor, Radio Mitre reprodujo la frase atribuida a Javier Milei —“No defienden derechos. Defienden cajas”— y A24 la describió como una medición de fuerzas entre el Gobierno y la oposición. Estos encuadres deshistorizan el conflicto, porque omiten los tres años de reclamos de la comunidad universitaria, el deterioro presupuestario y salarial y la aprobación de una ley cuyo cumplimiento es denunciado como incumplido por el Gobierno. Al mismo tiempo, reducen una demanda colectiva a una disputa partidaria y presentan la participación sindical y política como una razón para deslegitimar la protesta.
Es posible señalar una operación de personalización: las decisiones construidas en asambleas, sindicatos, cuerpos de delegados y organizaciones universitarias aparecen atribuidas a dirigentes o figuras individuales, como si la movilización respondiera exclusivamente a sus intereses. Este enfoque desplaza la atención de los derechos laborales, educativos y científicos involucrados y de las causas concretas del conflicto. El reclamo no se contextualiza, no se recuperan las voces de quienes participan, no se identifican las partes involucradas y no se presenta la marcha como el resultado de un proceso colectivo de organización y defensa de derechos, se la criminaliza y se estigmatiza, y se despolitiza mediante la mera acusación de que se trata de una protesta “política”.
Durante la jornada del jueves, la agenda cambió. Los títulos empezaron a poner en primer plano los incidentes. TN publicó “Violentos incidentes…”; La Nación habló de “Graves incidentes…”; A24 tituló “Tensión, incidentes, piedras y gases frente al Congreso”. En LN+ circularon copys como “Marcha violenta”, “manifestantes encapuchados”, “destrozos” y “no pueden ganar los violentos”. El problema es de rangos. Cuando el título, la imagen y el video repiten piedras, gases, detenidos y daños, un grupo reducido puede terminar funcionando como la representación de toda la marcha. Esa operación no necesita afirmar explícitamente que todos los manifestantes fueron violentos: alcanza con hacer que la violencia sea la imagen dominante del acontecimiento.
Los editoriales de los conductores llevaron la evaluación moral más lejos que las crónicas informativas. Eduardo Feinmann reconoció que estudiantes, docentes y científicos se manifestaban pacíficamente, pero luego separó a otros participantes como “los violentos, los desestabilizadores, los terroristas”. En otro intercambio, según la reproducción disponible, le dijo a una estudiante: “los violentos terroristas te cagaron el acto” y “qué pena que estés del lado de los violentos”.
En su columna de TN, Jonathan Viale describió a CGT, ATE, FUBA, FUA, La Cámpora y otros como “todo el sindicato del riesgo país”. También afirmó que el PJ tiene “el monopolio de las marchas, los piquetes, las piedras, los paros y el llanto”. Al día siguiente, en otra columna, fue más categórico: “No aman la democracia, aman la violencia”. La frase transforma una disputa situada en una definición general sobre un campo político completo.
En piezas vinculadas con Majul y El Observador 107.9 aparecieron otras expresiones de fuerte carga deslegitimadora: “El pseudoprogresismo es antimérito y antitrabajo”, “Los fascistas, autoritarios y golpistas son ustedes” y “Fue de las marchas más violentas: no eran estudiantes, fueron a generar caos”. En este caso, la evidencia disponible no permite atribuir cada frase personalmente a Luis Majul; por eso corresponde hablar del programa, la cuenta o su entorno, no de una declaración individual que no pudo ser comprobada de manera directa.
También hubo expresiones oficiales que circularon con alta visibilidad. Jorge Macri escribió: “Quieren instalar la barbarie. Son delincuentes y zurdos infiltrados… Los vamos a atrapar… Ley y orden”. La ministra Alejandra Monteoliva habló de “los mismos violentos de siempre” que querían “imponer el caos” y convertir las calles en “una zona liberada”. Ninguna de esas acusaciones prueba por sí misma la existencia de infiltrados ni una organización criminal. Son declaraciones que deben ser atribuidas a sus emisores.
Página/12, El Destape y El Grito del Sur construyeron una narración diferente. Página/12 definió la marcha como “un reclamo legítimo” y habló de “ofensiva represiva”. En su cobertura del día siguiente reprodujo que hubo “una decisión institucional y política del gobierno de reprimir sea como sea”. El Destape informó la denuncia oficial, pero la contextualizó con seis detenciones y la referencia de la CPM a personas afectadas por gases y postas.
El Grito del Sur, en una pieza de opinión, sostuvo que “la calle no alcanzó” y que la movilización fue “sin dudas un triunfo”. También afirmó: “Violencia es […] reprimir discapacitados […] disparar a los ojos de los trabajadores de prensa”. Es un contraencuadre explícito y editorial, no una crónica neutral ni una reconstrucción forense del episodio.
La cobertura de los medios corporativos conecta con una vieja advertencia de Roland Barthes sobre “el usuario” y la huelga. El usuario barthesiano es “la gente”. En la conversación sobre la marcha, esa figura reaparece cuando el manifestante es contrapuesto a quien paga, trabaja, estudia o exige auditorías. La pregunta periodística más importante queda abierta: cómo informar sobre hechos violentos sin convertir la protesta entera en una identidad criminal, y cómo denunciar la represión sin borrar los daños o las agresiones registradas. La respuesta exige separar hechos, citas, fuentes y opiniones. También exige recordar que llamar “terrorista”, “delincuente”, “infiltrado” o “revoltoso” no describe solamente: produce una frontera moral sobre quién puede protestar y quién deja de ser escuchado.
